La Comisión de Revisión de la Ley 16-26, encargada de autorizar el pago a contratistas del Estado, aprobó el 7 de julio de 2026 en Santo Domingo un protocolo de aplicación para dicha legislación. Esta medida busca honrar los compromisos pendientes con terceros que cumplan con los requisitos establecidos, marcando un paso decisivo para saldar deudas por obras ejecutadas con o sin contrato formal.
La comisión, presidida por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, e integrada por el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director de Presupuesto, José Rijo Presbot; y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, adoptó decisiones fundamentales para establecer el marco operativo. El protocolo aprobado detalla los procedimientos, criterios y requisitos técnicos que regirán el proceso de revisión, evaluación y tramitación de los expedientes, garantizando transparencia y seguridad jurídica.
Este documento será de conocimiento público y se remitirá a los veedores y a todas las instituciones involucradas en la legislación para asegurar la correcta aplicación de los procedimientos. La comisión ha reiterado su compromiso de avanzar con la mayor agilidad posible en la implementación de la ley, priorizando aquellos expedientes que ya se encontraban en proceso de revisión por la Contraloría General de la República al momento de la entrada en vigor de la normativa.
La legislación impacta a contratistas de diversas entidades estatales, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), y la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). La comisión busca fortalecer la confianza ciudadana en la administración pública mediante el cumplimiento responsable de estas obligaciones.
