La audiencia preliminar del caso Jet Set prosiguió este lunes en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde la familia de Johanna Rodríguez de Grullón solicitó al tribunal reclasificar la acusación contra los imputados Antonio y Maribel Espaillat López de homicidio involuntario a voluntario. Rodríguez de Grullón y su esposo, Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular, perdieron la vida durante el colapso del techo de la discoteca el 8 de abril del año anterior, un incidente que resultó en 236 fallecidos y más de un centenar de heridos.
Los abogados de la familia, Juan Tomás Vargas De Camps, Ignacio Miranda Cubilete y Adi Manuel Tapia, argumentaron que los propietarios del establecimiento habrían ordenado modificaciones estructurales sin los estudios técnicos, supervisión o personal cualificado necesarios. Además, sostienen que el local continuó operando a pesar de un deterioro progresivo de su estructura. Esta solicitud busca que los hechos sean juzgados bajo los artículos 195 y 304 del Código Penal, en contraste con la tipificación actual del Ministerio Público, que es de homicidio involuntario.
Durante la misma jornada, otros querellantes particulares presentaron sus acusaciones o se adhirieron al expediente del Ministerio Público. El juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla recesó la audiencia hasta el próximo lunes 27 de abril, después de escuchar las conclusiones de 80 abogados representantes de las víctimas. Se espera que en la siguiente sesión se escuche a unas 15 partes querellantes adicionales. En un desarrollo paralelo, el tribunal rechazó una solicitud para reproducir declaraciones de testigos, aclarando que la audiencia preliminar no es el escenario para interrogatorios.
Asimismo, los abogados Norberto Rondón y Richard Pujols informaron al tribunal el desistimiento de seis querellas. Rondón retiró cinco representaciones de clientes que, según indicó, "ya no tienen interés" en continuar el proceso, mientras que Pujols retiró la querella de Marlin Báez. No obstante, otros abogados confirmaron que continúan representando a querellantes cuyas acusaciones permanecen activas en el proceso, como el caso de Diana Luz Pérez Polanco.
