Ayer conocimos que el expelotero de Grandes Ligas Edwin Encarnación y Gabriel Martínez habrían alcanzado un acuerdo confidencial para cerrar su disputa. Una firma, unas condiciones que nadie conocerá y asunto resuelto.
Resuelto para ellos, no para la sociedad.
Sus querellas se acusan mutuamente, pero ambas admiten persecución y disparos en una vía pública. Eso significa que alguien accionó un arma en un espacio donde cualquier familia pudo quedar atrapada en un conflicto ajeno. Que nadie muriera fue suerte, no una prueba de inocencia.
Aun así, el Ministerio Público no parece tener prisa por averiguar quién disparó, cuántas veces, con qué arma y bajo qué justificación. Quizás porque los involucrados no son dos ciudadanos cualquiera. El poder tiene esa extraña capacidad de convertir un posible delito de orden público en un simple malentendido entre caballeros.
El nuevo Código Penal sanciona los disparos imprudentes sin justificación legítima o sin el debido control. Pero la ley pierde toda autoridad cuando basta un acuerdo privado para apagar el interés público.
La pregunta es sencilla. Si dos jóvenes de un barrio se persiguen a tiros por la 27 de Febrero y luego hacen las paces, ¿los mandarían tranquilamente a sus casas?
Si este caso termina enterrado, quedará establecida una justicia de dos velocidades. Una que persigue al ciudadano común y otra que espera, con discreción y paciencia, a que los poderosos arreglen sus problemas. Si hubo disparos, el Ministerio Público debe investigar. La paz entre particulares no borra una posible amenaza contra todos.
