En Agricultura no solo huele a campo. Huele a problema. Y no por la gallinaza ni por el estiércol, sino por una denuncia demasiado grave como para despacharla con un rechazo categórico y seguir adelante como si nada.
Si un exdirector de Caminos Vecinales asegura que hubo una reunión en la finca de arroz del ministro para hablar de obras y de una lista de compañías, el país no puede conformarse con una negación institucional redactada en tono solemne. Porque aquí no se está discutiendo un chisme de patio. Aquí se está hablando de posibles privilegios, de contrataciones públicas y de la sombra del favoritismo metida hasta la rodilla en una institución del Estado.
Y lo más inquietante es que la propia denuncia deja preguntas que el desmentido no sepulta. De las diez compañías señaladas, siete no tendrían experiencia en contrataciones públicas. Una ni siquiera tendría RPE. Otras apenas cargan con antecedentes mínimos y marginales. Entonces la pregunta es brutal y simple ¿quién armó esa lista y con qué propósito?
Si mañana una sola de esas empresas recibe adjudicaciones en Agricultura, después de que todo esto salió a la luz, ya no habría espacio para la ingenuidad. Habría razones de sobra para sospechar que aquí se intentó cocinar algo a puertas cerradas.
Esto no puede cerrarse con un comunicado. O el Ministerio lleva el caso a la justicia por difamación e injuria y obliga al denunciante a probar lo que dijo, o las autoridades competentes abren una investigación seria, profunda y sin maquillajes. Lo que no puede pasar es que una acusación de este calibre quede flotando en el aire, porque cuando eso ocurre, lo que apesta no es el campo. Es el Estado.
