Una investigación en Chile ha puesto en el foco al abogado dominicano Julián Rafael Guzmán Mejía, de 41 años, como presunto integrante de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de niños y adolescentes haitianos. La red utilizaba República Dominicana como escala en su ruta hacia Chile, explotando la necesidad de reunificación familiar. Los avances de la investigación chilena, que imputó a dos líderes en junio de 2025, revelaron el papel de Guzmán, quien ya había sido interceptado en octubre de 2024 en República Dominicana con menores haitianos.
Según la Fiscalía Metropolitana Centro Norte de Chile, Guzmán Mejía habría sido clave en el tramo dominicano de la operación. Se le atribuye la función de hacer cruzar a los menores desde Haití hacia República Dominicana por puntos no autorizados, evadiendo controles migratorios. Una vez en territorio dominicano, se presentaba como el adulto responsable de ellos. Otro dominicano, Juan Doñé Lorenzo, habría colaborado en el traslado de los niños desde los puntos de ingreso hasta el aeropuerto.
La supuesta organización convertía la vulnerabilidad de las familias haitianas separadas en un negocio lucrativo, cobrando entre 3.200 y 4.500 dólares por cada menor trasladado. Las autoridades chilenas estiman que la red habría obtenido más de 900.000 dólares desde 2024.
Antes de su implicación en este caso, Guzmán Mejía no era un desconocido en el ámbito migratorio chileno. Con residencia definitiva en Chile desde 2016, llegó a presidir una organización de migrantes y tuvo acceso a la base de datos estatal B3000 del Servicio Nacional de Migraciones en 2018, un detalle que la Fiscalía investiga si pudo ser aprovechado para identificar a familias vulnerables.
Fuente: Revista Prisma
