El presidente Luis Abinader ordenó la noche del lunes la detención inmediata de toda actividad minera relacionada con el proyecto Romero en la provincia de San Juan. Esta decisión surge tras una significativa oposición pública y recientes manifestaciones contra la iniciativa de la compañía canadiense Gold Quest.
El mandatario fundamentó su directriz en la Ley de Medio Ambiente (64-00) y sus reglamentos, destacando que la normativa considera inviables los proyectos con un amplio rechazo de la población, concepto conocido como "licencia social". Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), confirmó que esta licencia, resultado de la consulta pública, es vinculante y nunca fue obtenida por Gold Quest.
El anuncio de Abinader se produjo después de una serie de protestas en San Juan, incluyendo una el domingo que escaló con el uso de bombas lacrimógenas y chorros de agua, dejando agentes policiales heridos. El presidente aclaró que el proyecto Romero, con concesiones de exploración desde 2005 y renovaciones en 2010, 2015 y 2018, se mantuvo exclusivamente en fase de evaluación ambiental durante su gestión, sin contar con permiso de explotación.
El jefe de Estado reafirmó el compromiso de su gobierno de escuchar las inquietudes ciudadanas, señalando que es su deber actuar con prudencia y transparencia ante las preocupaciones expresadas por la población. Diversos sectores nacionales y partidos opositores habían manifestado previamente su negativa a que el gobierno autorizara la explotación minera en la montaña de Romero.
