Cada vez que en República Dominicana se habla de Educación Sexual Integral aparece la misma frase: “eso les corresponde a los padres”.
No exclusivamente.
Las familias tienen una responsabilidad fundamental en la crianza de sus hijos. Pero los derechos de un niño no pueden depender de la familia que le tocó.
Y aclaremos algo elemental: educación sexual en la infancia no significa enseñar a los niños a tener relaciones sexuales.
Significa que un niño conozca su cuerpo, entienda cuáles son sus partes íntimas, pueda reconocer un contacto inapropiado, sepa que puede decir que no y tenga claro a quién acudir si algo ocurre.
Eso no es sexualizar. Es proteger.
El problema de entregar esta responsabilidad únicamente a las familias es evidente: no todas tienen las mismas herramientas y no todos los hogares son espacios seguros. El abuso sexual infantil también ocurre dentro de las casas.
¿Cómo identifica un niño el abuso si nadie le enseñó a reconocerlo?
¿Cómo cuenta algo que no sabe nombrar?
¿Y qué ocurre cuando quien debía enseñarle sobre como poner límites pertenece al mismo entorno donde sus límites están siendo violados?
Ahí el Estado no puede hacerse de la vista gorda.
Porque cuando la protección depende exclusivamente del hogar, también depende de sus silencios, sus prejuicios, sus carencias y, en el peor de los casos, de sus agresores.
Un niño no debería quedar más expuesto porque en su casa nunca se habló de su cuerpo. Una niña no debería desconocer qué significa consentimiento porque los adultos a su alrededor consideran incómodo el tema. Por eso la pregunta no es si los padres tienen derecho a educar a sus hijos. Claro que lo tienen.
La pregunta es otra:
¿A quién beneficia que un niño no conozca los límites de su propio cuerpo?
¿A quién beneficia que no sepa que puede decir que no?
¿A quién beneficia que no pueda identificar el abuso?
El Estado no puede lavarse las manos y decir: “eso corresponde únicamente a las familias”. Porque garantizar derechos es precisamente su responsabilidad.
La familia educa, pero el Estado garantiza derechos.
